En la memoria de todos está el conocido como caso Odyssey, que dejó al descubierto las fisuras que en torno a la protección de los restos arqueológicos sumergido existían, lo que hizo que el Gobierno comenzara a mover los hilos para establecer medidas. Así, la ministra de Cultura, González-Sinde, en su primera comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en mayo del pasado año anunció su compromiso electoral de modificar la Ley de Patrimonio Histórico con la finalidad de articular una mejor coordinación con las diversas normas de patrimonio que las comunidades autónomas han ido promulgando desde 1985 hasta la actualidad, así como por la aparición de nuevas dimensiones del patrimonio no contempladas en la ley de 1985, como es el patrimonio inmaterial, el patrimonio subacuático o el patrimonio digital.
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