El reciente DS 009-2009-ED que reduce los plazos para la elaboración y aprobación de Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) y exonera la presentación de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el reflejo de una incoherente política cultural de gobierno que vulnera el sistema jurídico que impone al Estado el deber de implementar una efectiva gestión y protección de los bienes del patrimonio arqueológico por constituir base de nuestra identidad.
El artículo 21 de la Constitución obliga al Estado a asumir la protección y conservación de los yacimientos y restos arqueológicos, los cuales forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embarco el Ejecutivo para promover proyectos de inversión pública y proyectos declarados de necesidad nacional y/o ejecución prioritaria elimina el CIRA, algo inexcusable, por cuanto un yacimiento arqueológico que se destruye es patrimonio cultural que se pierde para siempre.
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