Pero durante todo el siglo XIX se constata el interés de las autoridades no sólo por evitar la destrucción de los monumentos, sino por frenar la constante salida de España de su patrimonio documental y artístico-arqueológico, a pesar de los muchos decretos promulgados por la Corona prohibiéndolo. Tal dispersión se debía a diversas causas: la falta de una legislación específi ca; el expolio por parte de extranjeros y nacionales durante la Guerra de la Independencia (ejércitos inglés y francés); la Desamortización de Mendizábal de 1835, que dio lugar a la venta indiscriminada de bienes, cuadros, colecciones y bibliotecas. La creación en 1844 de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos según el modelo francés surgido de la Revolución (Commission des Monuments) no había solucionado el problema. (Gloria Mora, 2008)
Artículo completo en Boletín EDAR. Novedades, Crítica y Debate — número 01. Junio de 2008
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